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Mockus renunció a dinero por reposición de votos

2010-04-13T11:09:00.000-07:00

Mockus renunció a dinero por reposición de votos - Elecciones 2010 en Colombia - ELTIEMPO.COM:

Aunque el Estado tendría que darles cerca de 7.500 millones de pesos por reposición de los votos obtenidos en la consulta, los verdes solo pedirán 3 mil millones, menos de la mitad a la que tienen derecho.

Así lo dio a conocer el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, al recibir del Consejo Electoral, los resultados definitivos de la consulta.
No hay antecedentes de otro partido o político alguno que haya renunciado a reclamar este tipo de recursos garantizados mediante ley para la financiación de campañas.
"Esto es posible porque nuestra campaña fue austera y eso le permitirá al Gobierno ahorrar 4.500 millones que puede invertir en la construcción de un colegio maravilloso", expresó Peñalosa.
La Ley electoral permite una reposición para las consultas equivalente a $ 4.217, por cada voto válido.
Mockus, quien también estuvo en la ceremonia, pidió a los colombianos "apreciar"el esfuerzo que se hace por no gastar demasiado del Estado en estos asuntos.
Por otra parte, Mockus descartó una alianza con el Polo. "En este momento no es fácil hacer una alianza con ese partido", dijo, para responder rumores sobre una posible aproximación con el candidato Gustavo Petro.
No obstante se declaró a la expectativa de ver qué alianzas convendrá hacer para segunda vuelta.

¿Por qué Colombia no sale del club de los pobres?, Articulo Impreso

2010-03-14T17:47:00.000-07:00

Mientras los demás países de América Latina aprovecharon la bonanza económica para sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza, Colombia quedó rezagada y aún tiene escandalosos índices de miseria y desigualdad. Será el desafío principal del próximo Presidente.
Por María Teresa Ronderos - Semana.com

En años prósperos del nuevo siglo, entre 2003 y 2008, Colombia creció como hace tiempo no se veía: en promedio el 5,5 por ciento del PIB cada año, y superó en desempeño a Brasil, Chile y México. Sin embargo, mientras para varios de los países de América Latina este tiempo de vacas gordas significó que muchos de sus habitantes salieron de la pobreza y la indigencia y consiguieron un empleo decente, en Colombia, el florecimiento de la confianza inversionista no nos sacó del club de los pobres.
Así, una nación enorme como Brasil pudo en esos años rescatar de la pobreza a 40 millones de personas. Y Perú, donde uno de cada cuatro habitantes pasaba hambre en 2001, consiguió reducir la indigencia a la mitad. Incluso Venezuela, a pesar de la polarización política, redujo sus pobres y sus indigentes a la mitad y Ecuador bajó los primeros en 10 por ciento.
Colombia, en cambio, en materia social mejoró a cuentagotas. Bajó la pobreza de 51 a 46 por ciento, sólo 5 puntos. Y entre los pobres, el número de indigentes volvió a quedar casi como estaba en 2002, al borde de la escandalosa cifra de 18 por ciento. Esto quiere decir que casi uno de cada cinco colombianos no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades calóricas básicas, que es la manera técnica de decir que sufren de hambre.
Otro ingrediente se añade a este triste panorama. El boom económico abrió más la brecha entre ricos y pobres en Colombia, según lo estableció la Cepal. Al comenzar el siglo XXI Colombia estaba entre los países con altos índices de desigualdad, junto con Perú, y Brasil era casi el peor de América Latina. Para 2008, Perú había bajado a la categoría media y Brasil se había salido de la lista de desigualdad extrema. Colombia, no obstante, entró a la lista de los muy desiguales.

¿Qué nos pasa?

¿Por qué Colombia no pudo aprovechar los años de bonanza para aliviar la pobreza? ¿Por qué este país con instituciones públicas mucho más sofisticadas que las de Guatemala, más urbanizado que Bolivia y con un sector empresarial más pujante que el de República Dominicana, está con ellos en la cola de América Latina, en materia de pobreza? ¿Por qué después de haber más que duplicado su gasto público social (del 5,9 por ciento del PIB en 1990 al 12,6 por ciento en 2008) no consigue que esto se traduzca en menos pobres?
Una primera explicación es que un largo y degradado conflicto armado, como ninguno otro en la región, ha pauperizado a la población. Según encontró la Segunda Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, 760.000 familias campesinas fueron forzadas a huir para salvar sus vidas entre 1998 y 2008, dejando atrás, por abandono o por despojo, 5,5 millones de hectáreas de tierra.

Si antes del éxodo la mitad de esas familias eran pobres y una tercera parte tenían ingresos de miseria, después, el 97 por ciento quedó en la pobreza y el 80 por ciento en la indigencia. Esa catástrofe social perdura hasta hoy. Según el Dane, la pobreza entre los habitantes del campo está por encima del 65 por ciento, lejos del promedio nacional de 46 por ciento. Y la indigencia urbana también aumentó en el último año.
La desigualdad, además, se profundizó con el conflicto de la última década. Según investigó Ana María Ibáñez, del Cede (Universidad de los Andes), desde 2005 el índice Gini de concentración de la propiedad aumentó hasta 0,875, el más alto de la región después del de Paraguay, un país mucho más pequeño. "Los de por sí pocos propietarios de la tierra compraron aún más predios y la propiedad se concentró a estos extremos", explica Ibáñez.
La guerra también nos afectó de otra manera. En la última década el país se concentró en una prioridad, reducir la violencia. A eso le apostó el gobierno de Álvaro Uribe buena parte de los recursos y de su energía institucional. Por eso, a pesar de haber aumentado tanto el gasto social, éste sigue estando por debajo de países como Brasil o Costa Rica.
El otro gran problema es la corrupción. Se han desviado miles de millones de pesos de gasto público social a políticos inescrupulosos o a los actores armados, como se hizo evidente en el escándalo de la para-política. Según el Índice de Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción del sector público en 180 países, Colombia viene empeorando en los últimos años, y en 2009 bajó del puesto 70 al 75.
Pero además hubo políticas públicas que impidieron que Colombia aprovechara la bonanza para mejorar de manera más radical la calidad de vida. ¿Política contra-pobres?

Es una verdad de Perogrullo que nadie puede combatir la pobreza si no produce más. Pero aumentar el PIB no es suficiente. Es necesario crear empleos formales que son los que llevan a la gente a salir de la pobreza. Esa es la política social más eficaz.
Este gobierno arrancó con un panorama bastante difícil: la economía apenas creciendo, un 17 por ciento de desempleo y una suma de viejas políticas que hicieron el empleo muy costoso. Crecimos, pero no logramos bajar el desempleo a menos de dos dígitos y se crearon muchos más empleos informales que formales. ¿Por qué?
El consenso entre los economistas es que si generar un empleo formal es de por sí costoso, la política económica reciente desincentivó aún más la creación de nuevos puestos de trabajo.

Una empresa debe girar casi 60 por ciento más sobre cada salario que le paga al trabajador, en salud, pensión y parafiscales. Además, después de cierto rango, al empleado le hacen retención en la fuente. Estos costos no salariales son hoy los más altos de América Latina.
La política de Uribe de confianza inversionista consistió en otorgarles exenciones a las empresas para que se animaran a invertir y a crecer y, la más protuberante, otorgó una deducción de impuestos del 40 por ciento de la inversión de capital productivo. Trabajo caro y capital barato hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos de sus empleados por máquinas. Es decir, cambiaron la señora de los tintos por una cafetera, y al señor del parqueadero por una palanca automática.
Dos importantes economistas de corte neoliberal, el colombiano Rodrigo Botero y el argentino Domingo Cavallo, llegaron a la misma conclusión en un documento de febrero pasado: combinar impuestos a la nómina y exenciones tributarias al uso del capital crea una estructura desfavorable para la generación de empleo formal.
El desestímulo al empleo formal también actuó frente las personas con menores ingresos. La masificación del régimen subsidiado de salud, y de programas como Familias en Acción y Familias Guardabosques les han dado a muchos trabajadores informales de los niveles 1 y 2 de Sisbén un incentivo perfecto para no formalizar su trabajo. ¿Para qué querría un trabajador informal tener una vinculación con un salario mínimo, que le obliga a cotizar salud y pensión cuando puede obtener salud subsidiada y además recibir ayudas en efectivo?.
Así, un pequeño empresario colombiano preferirá no vincular a sus empleados porque le sale más barata la nómina y ellos consiguen subsidios del gobierno. Según la senadora Cecilia López, hay tres millones de trabajadores cuyos patrones no pagan la seguridad social. "Así un sistema de salud diseñado para tener más trabajadores cotizando, y menos subsidiados, terminó al revés y se volvió insostenible", le dijo a SEMANA.
Olga Lucía Acosta, experta en políticas sociales de la Cepal en Bogotá, explica que los gobiernos colombianos han sido más amigos de dejarle la creación de empleo al mercado y les ha faltado ser proactivos en impulsar políticas audaces de empleo, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo.
En Colombia, sólo hasta hace poco se empezó a desarrollar una tímida política de empleo y generación de ingresos, que no tiene el peso que debería en un país con un desempleo que se niega tercamente a bajar y un alto empleo informal. Familias en Acción, bueno pero no suficiente

Si de alcanzar al mayor número de personas con servicios sociales se trata, en general, el gobierno Uribe fue exitoso: desde 2002 se ampliaron los cupos en educación, y en salud el brinco fue gigante: de 50 por ciento de la población cubierta en 2002, a 89 por ciento hoy. Pero se creció tan rápido que se puso el sistema en riesgo, como lo supo el país con la emergencia social. En cuanto a brindarles protección a los más marginados, Colombia ha seguido el patrón de otros gobiernos latinoamericanos, darle dinero a la gente con algunas condiciones (que asistan a controles médicos, manden los hijos a la escuela, etcétera). En Brasil es la Bolsa-Familia, en México el programa Oportunidades, o en Ecuador los de Desarrollo Humano. En 2009 había 101 millones de latinoamericanos pobres en estos programas de pagos condicionados.
En Colombia, Familias en Acción es un programa masivo de tres billones de pesos anuales que atiende a 2,9 millones de familias. Además el gobierno creó la Red Juntos, por la cual 7.100 cogestores acompañan a 1.060.000 familias pobres para que accedan más fácilmente a los servicios de 14 entidades estatales. Todo este esfuerzo, dijo Diego Molano, director de Acción Social a SEMANA, ha contribuido en que el impacto de la crisis de 2008-2009 sobre los más pobres sea menor que el de la anterior crisis.

Sin embargo, según Jorge Núñez, experto de la Misión de Pobreza, de todos modos los más ricos del país se están quedando con el 30 por ciento del gasto público social. La principal razón es porque los de mayores ingresos reciben el 86 por ciento de las pensiones y a los de menores sólo les toca el 0,1 por ciento. "No tiene mucho sentido hacer un gran esfuerzo de gasto social, si éste no llega en forma prioritaria a los más pobres", dijo a SEMANA.
El próximo Presidente colombiano tiene que diseñar una política audaz si quiere sacar a Colombia del atraso social en que se encuentra. Bajar la pobreza a cifras de un dígito como lo hicieron Chile o Brasil y salirse definitivamente de la vergonzosa lista de los países más desiguales del mundo, requiere mucho más que eficaces programas que le alivian la miseria a la gente, pero que poco ayudan a sacarla para siempre de la pobreza. Se trata de construir sobre lo ya hecho, y hacer de la generación de empleo formal y la redistribución de la riqueza un propósito nacional.

Fewer unauthorized immigrants in U.S. in 2009, government says - CNN.com

2010-02-10T09:48:00.000-08:00

Fewer unauthorized immigrants in U.S. in 2009, government says - CNN.com
Washington (CNN) -- The number of unauthorized immigrants in the United States decreased by 800,000 from 2008 to 2009, the Department of Homeland Security said in a report released Wednesday.
There were 11.6 million unauthorized immigrants in the United States in January 2008 and 10.8 million one year later, DHS said. The decrease in the number of immigrants coincided with the U.S. economic downturn, the report said.
A Pew Hispanic Center report in July noted that the recession has had a harsh impact on employment of immigrants.
Nearly two of every three unauthorized immigrants came from Mexico, DHS said.
Of all unauthorized immigrants living in the United States in 2009, 63 percent entered before 2000, according to the report.
The report said there were 10.5 million unauthorized immigrants in the United States in 2005, 11.3 million in 2006 and 11.8 million in 2007.
The Pew Hispanic Center shows 11.9 million unauthorized immigrants in March 2008, 12.4 million in March 2007, 11.5 million in March 2006 and 11.1 million in March 2005.
Jeanne Batalova, a policy analyst at the independent Migration Policy Institute, agreed with the Pew Center's conclusion that the decline is caused primarily by the economic downturn.
Unauthorized entry into the United States frequently "requires cash and entails significant risk in terms of life and safety," she told CNN. "The calculus has changed. It's not worth taking that chance right now."
Batalova also cited tighter border controls and increased immigration enforcement among employers as contributing factors to the drop.
An estimated 8.5 million of the total 10.8 million unauthorized immigrants living in the United States in 2009 were from the North America region, including Canada, Mexico, the Caribbean and Central America, the DHS report said. The next leading regions were Asia with 980,000 and South America with 740,000.
There were 6.7 million unauthorized immigrants from Mexico in 2009, representing 62 percent of the unauthorized population, the report said. The next leading sources for unauthorized immigrants last year were El Salvador (530,000), Guatemala (480,000), Honduras (320,000) and the Philippines (270,000).
Between 2000 and 2009, the unauthorized immigrant population from Mexico increased by 2 million, or 42 percent. The greatest percentage increases occurred among unauthorized immigrants from Honduras (95 percent), Guatemala (65 percent) and India (64 percent).
California remained the leading state in the number of unauthorized immigrants in 2009, with 2.6 million. Next came Texas with 1.7 million, Florida with 720,000, New York with 550,000 and Illinois with 540,000.
California's share of the national total was 24 percent in 2009, compared with 30 percent in 2000. The greatest percentage increases in the unauthorized population between 2000 and 2009 occurred in Georgia (115 percent), Nevada (55 percent) and Texas (54 percent).
In 2009, 61 percent of unauthorized immigrants were ages 25 to 44, and 58 percent were male. Males accounted for 62 percent of the unauthorized population in the 18 to 34 age group in 2009, while females accounted for 52 percent of the 45 and older age segment.

NGM Blog Central - The Cost of Care - National Geographic Magazine - NGM.com

2010-02-03T15:57:00.000-08:00

The Cost of Care - National Geographic Magazine - NGM.com

The United States spends more on medical care per person than any country, yet life expectancy is shorter than in most other developed nations and many developing ones. Lack of health insurance is a factor in life span and contributes to an estimated 45,000 deaths a year. Why the high cost? The U.S. has a fee-for-service system—paying medical providers piecemeal for appointments, surgery, and the like. That can lead to unneeded treatment that doesn’t reliably improve a patient’s health. Says Gerard Anderson, a professor at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health who studies health insurance worldwide, “More care does not necessarily mean better care.” —Michelle Andrews

¿Quién consuela a las madres de Soacha? | ELESPECTADOR.COM

2010-02-02T09:57:00.000-08:00

¿Quién consuela a las madres de Soacha? ELESPECTADOR.COM: "

ME PERTURBÓ MUCHO UNA NOTIcia que leí en El Tiempo la semana pasada sobre los uniformados que quedaron libres por vencimiento de términos, en el caso de los falsos positivos.

Como fueron confinados por orden del Ministerio de Defensa y no pudieron irse de vacaciones con sus familiares, el Ejército les organizó una jornada a ellos y a sus familias para que se quitaran el estrés, no entiendo bien si de haber matado muchachos por recompensas y decir que eran de la guerrilla, o por tener que someterse a un juicio si ellos lo único que hicieron fue seguir órdenes de sus superiores… en fin.

Pues los consolaron con aromaterapia, payasos, a las madres y hermanas les hicieron mascarillas, masajes, hubo rifas y anchetas de mercado para sus familias y transporte gratis. Todo esto relata El Tiempo.

Entre tanto, ¿quién consuela a las madres de Soacha, las madres de los muchachos que fueron reclutados por desconocidos y a los pocos días el Ejército los presentó como guerrilleros dados de baja? ¿Y el estrés y la desesperación del hermano de uno de ellos que tuvo que cavar en una fosa común, con las manos, para sacar del fondo el cuerpo descompuesto de su hermano? Estas madres y los familiares de todos los asesinados por falsos positivos, además de la inmensa pena que es la pérdida de un hijo, o un pariente, en esa forma traicionera y violenta, no tienen derecho a tener ni estrés, ni tristeza, ni ira, ni ayudas psicológicas, solamente desesperanza. El Gobierno ha dejado solas a estas madres, sumidas en la pobreza, víctimas también de amenazas para callarlas. Y estas madres, como todas las demás en el país, que han tenido que soportar el asesinato a sangre fría de un hijo por cuenta de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, están luchando primero por la reivindicación de sus hijos, porque no eran guerrilleros como lo hizo creer el Ejército y después lo afirmó el presidente Uribe —aunque le tocó, ante la evidencia, retractarse— y están luchando para que haya condena de sus asesinos.

En estos casos de los falsos positivos, los militares pusieron las balas, pero con tan mala suerte que los descubrieron gracias a la tenacidad de los familiares de los asesinados y de algunas personas que les creyeron y colaboraron denunciando esta monstruosidad.

Con el vencimiento de términos, los uniformados salen libres provisionalmente, entonces el Ejército, para no crear más suspicacias, los acuartela y el general Padilla dice que es horrible el vencimiento de términos y que si son culpables hay que darles la pena que se merecen; pero al mismo tiempo, como se ve en la noticia del periódico, los consiente a ellos y a sus familias y les da contentillo, porque es tan obvio como que los uniformados, cuando cometieron los repugnantes asesinatos, estaban cumpliendo órdenes superiores.

Si siguen estos vencimientos de términos y los jueces siguen escondiéndose en los laberintos viciosos de las leyes, es posible y necesario que estos casos lleguen hasta la Corte Penal Internacional.

Marcela Lleras

Reflexiones sobre un escándalo - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM

2009-10-29T22:40:00.000-07:00

Reflexiones sobre un escándalo - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "Reflexiones sobre un escándalo"

Se preguntaba Rudolf Hommes en su columna de la semana pasada por qué unos temas se vuelven escándalos y otros no. Sugería que se requiere que el grueso del público tome conciencia y que haya un instigador. El cubrimiento que EL TIEMPO le dio al escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ofrece una oportunidad para reflexionar al respecto.
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.

Colombia no se mira en el espejo · ELPAÍS.com

2009-10-12T14:24:00.000-07:00

Colombia no se mira en el espejo · ELPAÍS.com:
"Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios. Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura."

Foreign Policy: The Top 10 Stories You Missed in 2008

2009-09-01T10:55:00.000-07:00

Colombian Coca Producton Increases

Coca is a serious destabilizer—keeping Colombia’s rebels armed and the country’s progress in check. But after almost a decade, U.S.-assisted efforts to reduce the crop’s production in Colombia haven’t just failed; they’ve been downright counterproductive. Plan Colombia was meant to improve security, stamp out drug cultivation, and improve law and order after a decades-long conflict with leftist militants. But coca cultivation rose 15 percent between 2000 and 2006, an October 2008 U.S. Government Accountability Office (GAO) study found. A separate U.N. study found that in 2007 alone, the area of land hosting coca crops rose 27 percent. To put it mildly, something is not working.
Coca, the base crop for cocaine, has funded the operations of various paramilitaries and the rebel group FARC for decades. Although Colombian military operations have severely hampered FARC’s activities during the last several years, the drug trade continues apace. Aerial spraying and manual eradication have had temporary effects, but coca farmers tend to grow the lucrative crop again because there’s rarely an equally profitable alternative. The GAO reckons that many farmers have moved to more remote areas to avoid the eradication efforts. Meanwhile, the market value of coca rose by roughly $450 per kilogram in 2007 to more than $2,000.

The United States has spent $6 billion on Plan Colombia, but Colombia still supplies 90 percent of U.S. cocaine. Time for a rethink on the drug war?

New Evidence of Venezuelan Aid for Colombian Rebels - NYTimes.com

2009-08-03T07:43:00.000-07:00

New Evidence of Venezuelan Aid for Colombian Rebels: "Venezuela Still Aids Colombia Rebels, New Material Shows"
CARACAS, Venezuela — Despite repeated denials by President Hugo Chávez, Venezuelan officials have continued to assist commanders of Colombia’s largest rebel group, helping them arrange weapons deals in Venezuela and even obtain identity cards to move with ease on Venezuelan soil, according to computer material captured from the rebels in recent months and under review by Western intelligence agencies.

Caudillos democráticos | ELESPECTADOR.COM

2009-08-02T09:36:00.000-07:00

Caudillos democráticos | ELESPECTADOR.COM: "Caudillos democráticos"
El Espectador publica en exclusiva uno de los ensayos del libro ‘El insomnio de Bolívar’, que le valió al escritor mexicano Jorge Volpi el Premio Debate/Casa de América de Narrativa y saldrá a la venta en Colombia durante la Feria del Libro de Bogotá

Biblioteca Luis Ángel Arango

2009-08-01T00:11:00.000-07:00

La Perrilla

De: José Manuel Marroquín

Es flaca sobremanera
toda humana previsión,
pues en más de una ocasión
sale lo que no se espera."

Biblioteca Luis Ángel Arango

poesía completa...

Colombia: FARC arms traced to Venezuela - CNN.com

2009-07-28T15:26:00.000-07:00

Colombia: FARC arms traced to Venezuela - CNN.com: "Colombia: FARC arms traced to Venezuela"

In an interview with Caracol Radio Monday, Santos addressed local reports of anti-tank weapons manufactured in Sweden being seized from members of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, and traced to Venezuela.

Chofer de un cementerio se fue a beber cerveza mientras familiares esperaban el cadáver

2009-06-02T14:18:00.000-07:00

Noticias de Bogotá - ELTIEMPO.COM -> Chofer de un cementerio se fue a beber cerveza mientras familiares esperaban el cadáver: "Chofer de un cementerio se fue a beber cerveza mientras familiares esperaban el cadáver"

President-Elect Barack Obama in Chicago

2008-11-08T06:21:00.000-08:00

Barack Obama was elected the 44th President of the United States on November 4th, 2008 in Chicago.

Mr. Ng’s Death

2008-08-17T08:18:00.000-07:00

From: The NY Times, Editorial
This country’s harsh regime of immigration enforcement is racked with troubles from top to bottom, from the federal raids recklessly sweeping thousands of harmless immigrants into custody to the scandal-riddled detention system that abuses and neglects them once they get there.
Last week, The Times’s Nina Bernstein reported on another shameful case of someone entering immigration detention, getting sick, and dying. This time it was Hiu Lui Ng, a computer engineer from China. He paid the ultimate price for overstaying a visa, and getting lost in a sprawling system that some have likened to a gulag.
Immigration and Customs Enforcement will not comment because of a continuing investigation. But court affidavits tell a story of shocking neglect:
Although he complained of excruciating back pain for months, and grew ever frailer in custody, officials at the Rhode Island detention center where he was being held denied Mr. Ng an independent medical evaluation and even a wheelchair. At one point, according to the affidavits, he was shackled and taken in an ambulance for a two-hour drive to Hartford, where an immigration officer pressured him to stop appealing his case and accept deportation.
When lawyers finally persuaded a judge to insist on suitable medical treatment for Mr. Ng, the long-deferred diagnosis was dire. Prison officials had said it was all an act. It was terminal cancer — and a broken spine. Mr. Ng was taken to the hospital, and died five days later.
One must wonder why Mr. Ng was in prison at all. He was no dangerous criminal. He entered the country legally but overstayed a visa years ago. His asylum plea was rejected, and he missed a court date when the order was sent to the wrong address. In the ensuing years, he went to college, married, and fathered two sons.
His wife, a naturalized citizen, petitioned to get him legal residency, but at his green-card interview last summer, he was seized.
To ensure that other detainees do not meet Mr. Ng’s awful fate, Congress should pass the Detainee Basic Medical Care Act, sponsored by Senator Robert Menendez, Democrat of New Jersey, and Representative Zoe Lofgren, Democrat of California. It would impose mandatory health care standards on the detention system, a rapidly growing and deeply flawed ad-hoc network of local, state, federal and privately run lockups.
Immigration officials keep insisting that detention care is adequate and getting better. But it will take far more than promises of more audits to build confidence in a system that allows people to suffer so grievously.
Immigrant advocates have long complained about the lack of due process for people who run afoul of the country’s convoluted immigration laws. But access to decent medical care is an even starker problem.
While reasonable minds can differ on some aspects of the immigration debate, protecting the health of detainees is not one of them. Allowing sick people to suffer and die in custody without adequate treatment is unacceptable and violates the most fundamental standards of American law and decency. The system must be fixed.

El Mambrú latinoamericano

2008-08-13T12:01:00.000-07:00

Link: Eltiempo.com
Borrachos por el jolgorio de los 80 puntos de popularidad presidencial (¿o son 95?, ¿o 107?), muchos colombianos no se percatan de la preocupante deriva que están tomando algunas cosas en el país bajo el manto político y filosófico de la Seguridad Democrática, tan positiva en otros aspectos.En primer lugar, el desdén por la ley. En segundo, la tendencia a mentir. Después, el reino de la improvisación. Y, para completar, una intensa iniciativa para imponer la Opinión Única, golpear a los disidentes con el garrote del patriotismo y enredar a los enemigos oficiales.
Parte de esta última operación consiste en rechazar reflexiones adversas al Presidente y sus cercanos colaboradores. Se multiplican los insultos contra quienes discrepan, surgen extrañas complicaciones a quienes investigan asuntos sucios del mandato (caso del magistrado Iván Velásquez Gómez) y una guardia pretoriana de columnistas se encarga de sacarle al Gobierno las castañas (casi escribo las micas) del fuego y distraer los temas delicados cuando la embarra.
Golpe a golpe se impone el criterio de que importa poco violar la ley si, al hacerlo, se consiguen buenos resultados. Consumado el acto ilegal -bombardear un país vecino, utilizar símbolos protegidos por convenios internacionales-, el Presidente ofrece excusas o bien atribuye la responsabilidad a subalternos invisibles. De pulir el remiendo se encargan opinadores amigos de la casa, para quienes un atropello a las normas internacionales es un insignificante "mugrecito".
La estrategia conduce al encubrimiento sistemático. ¡Qué enredo el del doctor Uribe, el ministro Santos y algunos altos mandos por el mal uso de la Cruz Roja! Celebro vivamente el éxito de la 'Operación Jaque'. Pero temo que estamos pagando por él una costosa factura: la violación consciente de la ley y la clara sensación de que el Gobierno nos miente. Salta entonces la cuestión del patriotismo. ¿Es antipatriótico revelar realidades incómodas para el mandatario? No. Pienso, como el desaparecido escritor gringo Edgard Abbey, que "patriota es el que está dispuesto a defender a su país contra su gobierno".
Muchas de las mentiras oficiales surgen por el desorden general de la Administración. Reconozco el interés de Uribe por escuchar y solucionar problemas. Pero su habilidad para gobernar al detal contrasta con sus erráticas políticas generales, sobre todo en asuntos exteriores. Para muestra, la curiosa novedad de que -como si no tuviéramos suficiente con la pseudoguerra con Venezuela, la viceguerra con Ecuador y la cuasiguerra con Nicaragua- nos sumaremos a la conflagración de Afganistán. Ya somos el Mambrú latinoamericano.
¿Por qué Afganistán? Dicen que es un bonito adiós al presidente Bush y un amable "¡jalou!" a su sucesor. Además, una cortesía con España, madrina de nuestra tropa. Aún estamos a tiempo de que más bien los visiten los niños vallenatos. ¿A cambio de qué? No han informado. Por lo menos se debería negociar, en compensación, un mejor trato consular en Europa y Estados Unidos a los colombianos. ¿Cómo será? Lo ignoramos, pues cada día salen nuestros gobernantes a exponer nuevas versiones. Primero iba a ser un batallón de 100 soldados; luego, una mezcla de soldados e ingenieros; al final, el generoso regalo de Colombia al mundo parece reducirse a un puñado de hábiles desminadores. Menos mal.
Resulta increíble que decisión tan importante se meza a la bulla de los cocos y no merezca un debate serio ni responda a una política sólida. Entre otras cosas, porque la de Afganistán es una señora guerra de siete largos años que los aliados están perdiendo (así lo dijo en enero un informe independiente), que deja más muertos estadounidenses que el conflicto iraquí y que nos matricula en un complicadísimo lío narco-terror-político-religioso. Sin olvidar que seguimos siendo socios de la guerra de Irak, esa sí, a diferencia de la que nos disponemos a emprender contra los talibanes, abiertamente ilegal. Es decir, un "mugrecito".
cambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano

Ill and in Pain, Detainee Dies in U.S. Hands

2008-08-13T07:21:00.000-07:00

By NINA BERNSTEIN, The NY Times
He was 17 when he came to New York from Hong Kong in 1992 with his parents and younger sister, eyeing the skyline like any newcomer. Fifteen years later, Hiu Lui Ng was a New Yorker: a computer engineer with a job in the Empire State Building, a house in Queens, a wife who is a United States citizen and two American-born sons.
But when Mr. Ng, who had overstayed a visa years earlier, went to immigration headquarters in Manhattan last summer for his final interview for a green card, he was swept into immigration detention and shuttled through jails and detention centers in three New England states.
In April, Mr. Ng began complaining of excruciating back pain. By mid-July, he could no longer walk or stand. And last Wednesday, two days after his 34th birthday, he died in the custody of Immigration and Customs Enforcement in a Rhode Island hospital, his spine fractured and his body riddled with cancer that had gone undiagnosed and untreated for months.
On Tuesday, with an autopsy by the Rhode Island medical examiner under way, his lawyers demanded a criminal investigation in a letter to federal and state prosecutors in Rhode Island, Connecticut, Massachusetts and Vermont, and the Department of Homeland Security, which runs the detention system.
Mr. Ng’s death follows a succession of cases that have drawn Congressional scrutiny to complaints of inadequate medical care, human rights violations and a lack of oversight in immigration detention, a rapidly growing network of publicly and privately run jails where the government held more than 300,000 people in the last year while deciding whether to deport them.
In federal court affidavits, Mr. Ng’s lawyers contend that when he complained of severe pain that did not respond to analgesics, and grew too weak to walk or even stand to call his family from a detention pay phone, officials accused him of faking his condition. They denied him a wheelchair and refused pleas for an independent medical evaluation.
Instead, the affidavits say, guards at the Donald W. Wyatt Detention Facility in Central Falls, R.I., dragged him from his bed on July 30, carried him in shackles to a car, bruising his arms and legs, and drove him two hours to a federal lockup in Hartford, where an immigration officer pressured him to withdraw all pending appeals of his case and accept deportation.
“For this desperately sick, vulnerable person, this was torture,” said Theodore N. Cox, one of Mr. Ng’s lawyers, adding that they want to see a videotape of the transport made by guards.
Immigration and detention officials would not discuss the case, saying the matter was under internal investigation. But in response to a relative of Mr. Ng’s who had begged that he be checked for a spinal injury or fractures, the Wyatt detention center’s director of nursing, Ben Candelaria, replied in a July 16 e-mail message that Mr. Ng was receiving appropriate care for “chronic back pain.” He added, “We treat each and every detainee in our custody with the same high level of quality, professional care possible.”
Officials have given no explanation why they took Mr. Ng to Hartford and back on the same day. But the lawyers say the grueling July 30 trip appeared to be an effort to prove that Mr. Ng was faking illness, and possibly to thwart the habeas corpus petition they had filed in Rhode Island the day before, seeking his release for medical treatment.
The federal judge who heard that petition on July 31 did not make a ruling, but in an unusual move insisted that Mr. Ng get the care he needed. On Aug. 1, Mr. Ng was taken to a hospital, where doctors found he had terminal cancer and a fractured spine. He died five days later.
The accounts of Mr. Ng’s treatment echo other cases that have prompted legislation, now before the House Judiciary Committee, to set mandatory standards for care in immigration detention.
In March, the federal government admitted medical negligence in the death of Francisco Castaneda, 36, a Salvadoran whose cancer went undiagnosed in a California detention center as he was repeatedly denied a biopsy on a painful penile lesion. In May, The New York Times chronicled the death of Boubacar Bah, 52, a Guinean tailor who suffered a skull fracture and brain hemorrhages in the Elizabeth Detention Center in New Jersey; records show he was left in an isolation cell without treatment for more than 13 hours.
When Mr. Ng died last week, he had spent half his life in the United States, his sister, Wendy Zhao, said in a tearful interview.
Born in China, he entered the United States legally on a tourist visa. Mr. Ng stayed on after it expired and applied for political asylum. He was granted a work permit while his application was pending, and though asylum was eventually denied, immigration authorities did not seek his deportation for many years.
Meanwhile, his sister said, Mr. Ng (pronounced Eng), who was known as Jason, graduated from high school in Long Island City, Queens, worked his way through community technical college, passed Microsoft training courses and won a contract to provide computer services to a company with offices in the Empire State Building.
In 2001, a notice ordering him to appear in immigration court was mistakenly sent to a nonexistent address, records show. When Mr. Ng did not show up at the hearing, the judge ordered him deported. By then, however, he was getting married, and on a separate track, his wife petitioned Citizenship and Immigration Services for a green card for him — a process that took more than five years. Heeding bad legal advice, the couple showed up for his green card interview on July 19, 2007, only to find enforcement agents waiting to arrest Mr. Ng on the old deportation order.
Over the next year, while his family struggled to pay for new lawyers to wage a complicated and expensive legal battle, Mr. Ng was held in jails under contract to the federal immigration authorities: Wyatt; the House of Correction in Greenfield, Mass.; and the Franklin County Jail in St. Albans, Vt.
Mr. Ng seemed healthy until April, his sister said, when he began to complain of severe back pain and skin so itchy he could not sleep. He was then in the Vermont jail, a 20-bed detention center with no medical staff run by the county sheriff’s office. Seeking care, he asked to be transferred back to Wyatt, a 700-bed center with its own medical staff, owned and operated by a municipal corporation.
In a letter to his sister, Mr. Ng recounted arriving there on July 3, spending the first three days in pain in a dark isolation cell. Later he was assigned an upper bunk and required to climb up and down at least three times a day for head counts, causing terrible pain. His brother-in-law B. Zhao appealed for help in e-mail messages to the warden, Wayne Salisbury, on July 11 and 16.
“I was really heartbroken when I first saw him,” Mr. Zhao wrote Mr. Salisbury after a visit. “After almost two weeks of suffering with unbearable back pain and unable to get any sleep, he was so weak and looked horrible.”
The nursing director replied that Mr. Ng had been granted a bottom bunk and was receiving painkillers and muscle relaxants prescribed by a detention center doctor.
But his condition continued to deteriorate. Once a robust man who stood nearly six feet and weighed 200 pounds, his relatives said, Mr. Ng looked like a shrunken and jaundiced 80-year-old.
“He said, ‘I told the nursing department, I’m in pain, but they don’t believe me,’ ” his sister recalled. “ ‘They tell me, stop faking.’ ”
Soon, according to court papers, he had to rely on other detainees to help him reach the toilet, bring him food and call his family; he no longer received painkillers, because he could not stand in line to collect them. On July 26, Andy Wong, a lawyer associated with Mr. Cox, came to see the detainee, but had to leave without talking to him, he said, because Mr. Ng was too weak to walk to the visiting area, and a wheelchair was denied.
On July 30, according to an affidavit by Mr. Wong, he was contacted by Larry Smith, a deportation officer in Hartford, who told him on a speakerphone, with Mr. Ng present, that he wanted to resolve the case, either by deporting Mr. Ng, or “releasing him to the streets.” Officer Smith said that no exam by an outside doctor would be allowed, and that Mr. Ng would not be given a wheelchair.
Mr. Ng told his lawyer he was ready to give up, the affidavit said, “because he could no longer withstand the suffering inside the facility,” but Officer Smith insisted that Mr. Ng would first have to withdraw all his appeals.
The account of his treatment clearly disturbed the federal judge, William E. Smith of United States District Court in Providence, who instructed the government’s lawyer the next day to have the warden get Mr. Ng to the hospital for an M.R.I.
The results were grim: cancer in his liver, lungs and bones, and a fractured spine. “ ‘I don’t have much time to live,’ ” his sister said he told her in a call from Rhode Island Hospital in Providence.
She said the doctor warned that if the family came to visit, immigration authorities might transfer her brother. Three days passed before the warden approved a family visit, she said, after demanding their Social Security numbers. Late in the afternoon of Aug. 5, as Mr. Ng lay on a gurney, hours away from death and still under guard, she and his wife held up his sons, 3 and 1.
“Brother, don’t worry, don’t be afraid,” Ms. Zhao said, repeating her last words to him. “They are not going to send you back to the facility again. Brother, you are free now.”

Decline Seen in Numbers of People Here Illegally

2008-07-31T08:13:00.000-07:00

Source: NY Times

The number of illegal immigrants in the country has dropped by as much as 1.3 million in the past year, an 11 percent decline since a historic peak last August, an immigration research group in Washington said in a report released Wednesday.

The report, by Steven A. Camarota and Karen Jensenius of the Center for Immigration Studies, found “strong indications” that stepped-up enforcement by immigration authorities had played a major role in the decline.

The report, which is based on monthly census surveys as recent as May, added to a growing body of studies indicating that the population of illegal immigrants in the United States is dropping significantly.

The study’s methods and conclusions were questioned by other demographers and economists, who said the decline might be less than the center reported and was more likely the result of the weak economy, especially in low-wage construction and manufacturing where illegal immigrants are generally employed.

“The decline can easily be explained by changes in the economy,” said Steve Levy, senior economist at the Center for Continuing Study of the California Economy in Palo Alto. He said California had lost 134,000 construction jobs since the summer of 2006.

“The housing sector woes and weakening economy have been known for a long time and can explain why unauthorized immigrants would stop coming and why some of those here would leave,” Mr. Levy said.

The Center for Immigration Studies is a policy advocacy group that favors reduced immigration and opposes legislation to give legal status to illegal immigrants. The study supports the center’s contention that border enforcement and a crackdown on unauthorized workers and their employers would lead many illegal immigrants to leave the United States without being deported.

“The evidence presented here suggests that it has been possible to cut the illegal population by inducing a large number of people to leave the country,” the study said.

Federal immigration officials praised the results. “It reinforces what we always thought, that comprehensive enforcement is a critical part of the reduction,” said Kelly A. Nantel, a spokeswoman for Immigration and Customs Enforcement.

The arguments provoked by the study reflected the difficulties of discussing options for stemming illegal immigration, when researchers cannot agree on how many illegal immigrants there are and how they are affected by immigration enforcement.

Mr. Camarota and Ms. Jensenius based their findings on census figures for foreign-born Hispanics ages 18 to 40 with a high school degree or less. They estimated that three-quarters of those Hispanics were illegal immigrants, and that they made up about two-thirds of the illegal immigrants in the United States.

Using those estimates, they concluded that the illegal immigrant population had dropped to 11.2 million, from a historic high of 12.5 million in August 2007.

Jeffrey Passel, a demographer at the Pew Hispanic Center in Washington who studies illegal immigration, said his research also showed a decline in immigrants. But because of recent changes in the census’s data reporting, he said it was too soon to make precise calculations.

Wayne Cornelius, director of the Center for Comparative Immigration Studies at the University of California, San Diego, said Mr. Camarota and Ms. Jensenius had applied “highly arguable assumptions” to their data.

“They offer no direct evidence that fewer undocumented immigrants are attempting to come to the United States, or that fewer of them are getting in, or that more of those already here are leaving the United States as a result of enforcement efforts,” said Mr. Cornelius, who has studied the impact of border enforcement over the past 15 years.

The job market 2008

2008-05-09T10:03:00.000-07:00

El cambio de horario en Venezuela propuesto por Chavez

2008-02-19T15:43:00.000-08:00

Una manera muy ilustrativa de enseñar a interpretar el cambio de horario...

Lo que significa una segunda reelección quitaría toda la apariencia de que Chávez y Uribe son distintos.

2008-02-19T15:16:00.000-08:00

Por Héctor Abad Faciolince
Fecha: 02/16/2008
Fuente: Semana

La camarilla de lagartos antioqueños (una especie nefasta de dragones que escupen babas y fuego) que rodea al presidente e influye sobre él a fuerza de lambetazos venenosos y peligrosa adulación, está a punto de precipitar al país en la peor aventura antidemocrática de su historia reciente. Si Uribe sigue las presiones de esta gente (unos personajes minúsculos que no serían nada sin él en el poder y que por eso lo quieren de presidente perpetuo), estaría convirtiendo a Colombia en una tiranía disfrazada de democracia.
Una segunda reelección sería una dictadura legalizada. Otra reforma constitucional para perpetuar a Uribe en el poder lo convertiría a él en el tirano que muchos hasta ahora no hemos visto, o no hemos querido ver, y nos obligaría a reconocer que sus opositores a ultranza tenían la razón. Una segunda reelección quitaría toda la apariencia de que Chávez y Uribe son distintos, pues serían dos dictadores enfermos de la misma incontenible lujuria del poder, sin el menor respeto por las normas más simples de la democracia.
Una trielección de Uribe, además, fijaría en el poder a personajes nefastos como un ministro capaz de arrebatarles a los desplazados una tierra que tenían asignada, para entregársela a terratenientes amigos del régimen. Una nueva reelección sería confirmar en su cargo a un dañino zar de la desinformación que a su manera fría y sinuosa intenta asustar a la gente difundiendo la enorme infamia de que la marcha del 6 de marzo (explícitamente convocada contra el terror paramilitar) es una manifestación a favor de las Farc.
PUBLICIDAD Una reforma constitucional de nombre Álvaro y apellido Uribe, sería entronizar en el país por más tiempo a un ministro inepto, incapaz en varios años de licitar un túnel o rehacer un aeropuerto, de mejorar las abandonadas troncales del país, y que en cambio firma licitaciones para construir carreteras perfectamente inútiles (autopistas-portaaviones, les dicen, pues van desde ningún lado hasta ninguna parte), como la doble calzada entre Primavera y Bolombolo, contratada para darles gusto a finqueros ricos, y con permisos y especificaciones que no se podrán dar en el momento oportuno y harán que la Nación pague a los contratistas amigos multas e indemnizaciones exorbitantes.
Una segunda reelección nos condenaría a tener un presidente vitalicio, que no respeta las reglas del juego sino que adapta las leyes y la Constitución a su amaño y a su propia conveniencia. Trielegir a Uribe sería darle a un solo hombre poderes de soberano y capacidad para moldear a su antojo los más altos cargos del Estado, desde las Cortes, pasando por los organismos de control de los altos funcionarios, hasta el Banco de la República. Volver a reformar la Constitución para que reelijan a Uribe por segunda vez sería entregar el Congreso a su dominio dictatorial porque el poder del Ejecutivo quedaría completamente desbalanceado en relación con el Legislativo.
Esa segunda reelección perpetuaría en el poder a la perniciosa camarilla de aduladores y lambones que solamente han aprendido a decirle Sí al príncipe y a reverenciarlo con el único fin de poder aconsejarlo mal. Volver a elegir a Uribe sería tener que aceptar que quienes son obsecuentes con él sigan siendo arrogantes con el resto de ciudadanos a quienes ven como súbditos de "inteligencia inferior". Aceptar la trielección de Uribe será seguir aumentando cada año el presupuesto de la guerra, que sólo en el 2008 alcanzará la cifra record de 18,3 billones de pesos, lo equivalente al 5,6 por ciento del producto interno bruto. Implicaría militarizar la sociedad, crecer el Estado mientras se debilita la ciudadanía, hasta tal punto que por cada cien colombianos haya un soldado que nos vigile, y todos trabajemos y paguemos impuestos para poder consignar el salario de una inconmensurable fuerza pública.
Una segunda reelección sería premiar una mentira, pues el beneficiado con la reforma constitucional repitió varias veces que "in límine" rechazaba siquiera la hipótesis de ser reelegido. Una segunda reelección será despertar la impaciencia y la ira de todos aquellos que no queremos vivir sometidos por siempre a las reiteradas veleidades autocráticas de una peligrosa camarilla de rencorosos, sino que aspiramos a que se ensayen otros métodos y otras fórmulas para desarrollar el país donde nacimos y del cual no queremos que nos despojen quienes se apegan al mando con una concupiscencia dañina y enfermiza. Y una segunda reelección, por último, además del desastre que sería para nuestra ya bien maltrecha democracia, sería también una catástrofe para el mismo Uribe, que perdería la apuesta por la felicidad pues dejaría de tener, incluso, a una mujer dulce y ya asfixiada por los faustos del poder, que tendrá la sensatez de no ser, por tercera vez, primera dama.

Lazos familiares

2007-12-16T14:58:00.000-08:00

Fuente: El Espectador

Al cumplirse 21 años del asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano, una revisión del expediente muestra varios cabos sueltos. Por ejemplo, el vínculo de quien pagó los sicarios con un hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

Al revisar el enmohecido expediente afloran varias perlas nunca suficientemente aclaradas por la justicia: por ejemplo, los negocios entre el pagador de los sicarios, Luis Carlos Molina, y un hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Desde el miércoles 17 de diciembre de 1986, día en que fue asesinado el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, el país supo que detrás del magnicidio estuvo la mafia del narcotráfico. Sin embargo, y a pesar de la impunidad que caracterizó la investigación penal, 21 años después del crimen, al revisar el voluminoso y enmohecido expediente, afloran particulares nombres y verdades ocultas de una trama ilegal de dineros, dudosas transacciones y sospechosas sociedades que nunca fueron judicializadas pero que, sin duda, hicieron parte de los tentáculos del capo Pablo Escobar Gaviria y su cartel de Medellín.
A lo largo de 10 años, la investigación llegó a vincular a casi medio centenar de personas y en distintos momentos procesó directamente al capo Escobar y sus lugartenientes. No obstante, después de 12 asesinatos —entre ellos el de un magistrado, una jueza sin rostro y el abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez—, de amenazas y exilios y de interminables trasteos del expediente, el 30 de julio de 1996, cuando concluyó el proceso, nadie quedó en prisión. Siete meses después fue capturado en Bogotá Luis Carlos Molina Yepes, el pagador de los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano. Escasamente purgó seis años de cárcel.
Y precisamente, del millonario patrimonio y de los centenares de movimientos bancarios de Molina Yepes, insuficientemente indagados por la justicia, se desprende una maraña de hilos sueltos que, de haberse investigado a fondo, le habría evitado muchos dolores al país. Hoy, sin embargo, sirve para aclarar circunstancias y sacar a flote muchos nombres que pasaron de agache durante dos décadas. Una relación de empresarios, comerciantes, dirigentes deportivos, hacendados e integrantes del clan familiar del capo de capos, que ahora, en tiempos en que la sociedad urge verdades, ayudarían a entender por qué Escobar fue un criminal impune por tanto tiempo.
Como él mismo lo reconoció ante la justicia a sus 42 años, Luis Carlos Molina Yepes y varios de sus familiares constituyeron un emporio de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cheques, industria de carnes, importación de licores, transacciones de ganado y multimillonarias cuentas bancarias en por lo menos cuatro entidades financieras. No obstante, cuando la justicia empezó a probarle que en varios de esos negocios aparecían Escobar Gaviria, sus familiares directos y algunos de sus principales colaboradores, el 3 de marzo de 1988 Molina Yepes se evadió de las instalaciones del DAS en Medellín.
Al ratificarse con su fuga que el cheque girado a los sicarios no era una casualidad, la justicia emprendió un exhaustivo rastreo de cuentas crediticias y demás negocios de Molina, y constató múltiples circunstancias dudosas que, sin embargo, nunca se desdoblaron en nuevos expedientes. Por ejemplo, los investigadores encontraron dos extraños escenarios: un hotel de propiedad de los hermanos Gustavo, José y Luz Mila Gaviria Rivero, donde además se editaba el periódico que resaltaba las ideas de Escobar; y un frente de cuentas en una sucursal del Banco Ganadero en Medellín, en la cual colaboradores y familiares del capo también movieron dineros.
La misma semana de la fuga de Molina, la justicia ordenó una inspección judicial en tres bancos de la capital antioqueña. Así fue como, en la sucursal del Banco Ganadero en el sector de El Poblado, al requerir las carpetas de interés judicial para desentrañar el patrimonio de Molina, en la primera cuenta examinada se descubrió que estaba a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. La segunda tenía como titular a Héctor Barrientos, gerente administrativo de la hacienda Nápoles, de propiedad del capo. Este último cliente fue referenciado al banco por Carlos Alberto Gaviria.
En aquella inspección apareció una tercera cuenta, también a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez, esta vez con Luis Javier Castaño Ochoa. Al día siguiente, a comienzos de marzo de 1988, el juez 33 de Instrucción Criminal, Luis Malagón, envió un oficio al DAS para que agentes de ese organismo de inteligencia llevaran a su despacho, para escuchar sus explicaciones sobre las cuentas, a Carlos Alberto Gaviria y Héctor Barrientos, así como a Ubiel Ospina, Roberto Pastor Morales, Humberto Quintero y Jorge de Jesús Pizano. Al mismo tiempo pidió a la Registraduría sus tarjetas decadactilares (ver facsímiles).
No obstante, al menos en el caso de Carlos Alberto Gaviria Vélez, nunca compareció ante la justicia. Hoy, a sus 60 años, reconoce que tuvo cuentas en esa sucursal del Banco Ganadero pero que no recuerda los detalles. Admite que conoció y tuvo negocios con Luis Carlos Molina Yepes y Héctor Barrientos, sin embargo, dice, se desligó de ellos hace muchos años. Carlos Alberto Gaviria es el hermano mayor del consejero presidencial José Obdulio Gaviria Vélez, quien como él ha sostenido con vehemencia que eran primos de Pablo Escobar, hijos de dos hermanos, pero que ambas familias nunca tuvieron negocios y siempre fueron muy distantes.
Según el hijo mayor de los Gaviria Vélez, desde hace 20 años se ha dedicado a asuntos financieros trabajando en compañías de seguros, bancos y el sector cooperativo. De hecho, entre el 11 de noviembre de 2001 y el 30 de noviembre de 2003 ofició como gerente regional del Banco Agrario en Antioquia. En el primer semestre de 2007 se dejó picar por el bicho de la política y se lanzó como candidato al Concejo de Guatapé (Antioquia) por el Partido Conservador. Sólo obtuvo 86 votos y se quemó. Hoy, está dedicado a comercializar alambres de energía. “No soy político y prefiero mis actividades privadas”, añade.
En diálogo con El Espectador, Gaviria Vélez concluyó: “si el tema de mis hermanos Luis Mario y Jorge (procesados por narcotráfico en EU) es muy desafortunado, ahora lo es para mí que se hagan conjeturas mías respecto al caso de Guillermo Cano. La verdad, yo recuerdo más a María Cano, la líder obrera, y definitivamente el estigma de Pablo Escobar nos va a acompañar toda la vida. Yo no lo niego, lo conocí en mi infancia, pero también soy familiar de un ex alcalde de Medellín y un monseñor de la Iglesia. Esto también sucede porque soy hermano de José Obdulio, pues como decía Cochise, ‘en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer’ ”.
Sin embargo, este no fue el único cabo que quedó suelto en el expediente por el crimen de Guillermo Cano y el capítulo particular de las cuentas de Molina Yepes. Ese mismo marzo de 1988, con el apoyo acucioso del abogado de El Espectador y la familia Cano, Héctor Giraldo Gálvez (ver facsímil de sus apuntes), los investigadores dilucidaron otro nexo entre el pagador del magnicidio y la familia de Pablo Escobar. Entre los cheques girados desde las cuentas de Molina, varios fueron consignados al Hotel Residencias Antaño, ubicado en Medellín. Por eso se ordenó una inspección judicial, que develó nuevas evidencias.
Claro está que no fue una tarea fácil. Una vez la justicia pidió los movimientos contables y facturas del mencionado hotel, recibió comprobantes de dos colores distintos y llenos de enmendaduras y borrones. Aún así, tras advertirles a los empleados del hotel que tenían que colaborar con la investigación, salió a flote la verdad. Por escritura 2358 de la Notaría 5ª de Medellín, fechada el 27 de mayo de 1981, se supo que el Hotel Antaño era propiedad de Gustavo Gaviria Rivero, alias León o Don Raúl, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar y segundo hombre en importancia del cartel de Medellín.
Pero había más. Las autoridades quisieron saber por qué de las cuentas de Molina se pagaba el arrendamiento del apartamento 708 del hotel. Inicialmente, los empleados indagados sostuvieron que al parecer allí vivía un periodista, pero cuando empezaron a aparecer recibos de teléfono y hospedaje a nombre de Hernando Gaviria Berrío, los empleados aceptaron que ese presunto reportero, con tarjeta profesional acreditada, era el director del periódico Medellín Cívico, encargado de divulgar las ideas de la corporación Medellín sin tugurios, plataforma política del capo de capos Pablo Escobar Gaviria.
Es más, las autoridades comprobaron que en ese hotel se editaba el periódico. Sin embargo, para esa época Hernando Gaviria Berrío —hermano de Herlinda Gaviria, la madre de Pablo Escobar, y tío de Carlos Alberto Gaviria Vélez— vivía sus últimos días batallando contra el cáncer. El 23 de abril de 1988 se volvió a saber de él cuando unidades del Ejército, adscritas a la IV Brigada, adelantaron una gigantesca redada en un cementerio de Medellín, donde concurrió buena parte de la familia de Pablo Escobar Gaviria a darle sepultura. Nunca se investigó a la gente allegada al hotel ni las cuentas bancarias de sus allegados.
Como tampoco se avanzó en procesos paralelos por nuevas evidencias que por esos días abundaron. Por ejemplo, se supo que el empresario que le construyó edificios y palacios a Pablo Escobar —entre ellos el famoso edificio Mónaco en el sector de Envigado— fue Gabriel Londoño White, y que de la misma sociedad hizo parte el ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle de Aburrá Isaías Vayda. Asimismo, durante un allanamiento en la finca El Bizcocho, en Antioquia, las autoridades incautaron 14 casetes y abundante documentación que sólo con el curso de los años han cobrado relevancia.
Desafortunadamente, en aquel tiempo no pasó de un efímero registro mediático. No obstante, trascendió que el dueño de esa hacienda, ubicada en la loma Los Balsos, en Envigado, resultó ser Gustavo Adolfo Upegui López, entonces conocido con el alias de Mayor García, quien, sin embargo, pasó de agache en el expediente por la muerte del ex director de El Espectador, y en la década de los 90 terminó siendo el accionista mayoritario del equipo profesional de fútbol de Envigado. Aunque alcanzó a ser detenido por la justicia bajo el cargo de auspiciar grupos de justicia privada, Upegui también sorteó este escollo.
El año pasado fue asesinado y apenas hoy trasciende que manejaba la tenebrosa Oficina de Envigado, asociada al paramilitarismo y el narcotráfico. Y una perla más: dentro de los capturados en el allanamiento a la finca El Bizcocho, que interesó significativamente a la justicia, estaba John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Prácticamente nadie puede explicar cómo volvió a la libertad y acompañó a Pablo Escobar Gaviria en su arremetida narcoterrorista de finales de los años 80 y principios de los 90. Hoy, Popeye sigue preso y en su última aparición fue el testigo estelar para condenar al ex ministro Alberto Santofimio por otro magnicidio: el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento.
El expediente por el crimen de Guillermo Cano incluye muchos nombres más. La mayoría de ellos tuvieron negocios con Luis Carlos Molina o, a través de él, con Pablo Escobar y sus familiares. Sin embargo, el caso concluyó con sólo un detenido: Molina Yepes, quien purgó una irrisoria pena de seis años de prisión. Nunca hubo castigo para los autores intelectuales del magnicidio. A los materiales los asesinó el mismo cartel de Medellín, tal como lo hizo con varios investigadores y jueces que quisieron esclarecer el proceso. Sólo quedó para la memoria el cínico comentario de Popeye en referencia al crimen: “Matar a Guillermo Cano fue una ‘vuelta’ fácil”.

En medio de la violencia
Desde el primer día, la investigación por el crimen de Guillermo Cano estuvo condicionada por los violentos. Pocas semanas después del magnicidio, los asesinos corrieron la misma suerte. En forma valiente, la jueza Consuelo Sánchez Durán acusó a los capos del cartel de Medellín y tuvo que emprender la ruta del exilio. El abogado de la parte civil, Héctor Giraldo Gálvez, de manera admirable se consagró al caso y logró probar muchas evidencias. Sin embargo, el miércoles 29 de marzo de 1989, cuando se dirigía a uno de los juzgados a insistir en sus pesquisas, fue asesinado por sicarios. El expediente llegó a manos del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia García, quien reabrió las investigaciones contra Pablo Escobar y sus secuaces, y fue asesinado el 16 de agosto de 1989. La investigación pasó al despacho de la jueza sexta de orden público de Medellín, Myriam Rocío Pérez, pero el 18 de septiembre de 1992, murió acribillada por sicarios junto a sus tres escoltas. Muerto Escobar, sus lugartenientes reconocieron su delito. Hoy, 21 años después, así como la justicia ha vuelto a reabrir históricos episodios como el holocausto del Palacio de Justicia o el magnicidio de Luis Carlos Galán, no es tarde para examinar el caso Guillermo Cano.

Dos hermanos
En abril de 2006 trascendió que Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria Vélez, hermanos del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, estuvieron presos en Estados Unidos en 1983 por episodios relacionados con tráfico de drogas. Según algunas publicaciones, los casos nunca se resolvieron y el primero de ellos salió libre pagando una fianza. Hoy trabaja en Acción Social de la Presidencia. Su hermano Jorge, en un programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín. “Ellos ya pagaron su error”, comentó entonces José Obdulio Gaviria. “Es un tema muy desafortunado”, añadió Carlos Alberto Gaviria Vélez.

El poeta argentino Juan Gelman, ganador del Premio Cervantes 2007

2007-11-29T10:45:00.000-08:00

URL: ElPais.com

El poeta Juan Gelman (1930) ha recibido hoy el Premio Cervantes 2007, considerado el galardón más importante de las letras hispánicas. Concedido por el Ministerio de Cultura en reconocimiento al conjunto de la obra de un autor, el Nobel de la literatura hispánica ha cumplido con la tradición y ha recaído este año en un escritor del otro lado del Atlántico, que recoge el testigo de otro poeta, el leonés Antonio Gamoneda, premiado en 2006.
Un maestro de la poesía comprometido con su tiempo Juan Gelman "Lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad" El poema Juan Gelman
A FONDONacimiento: 1930 Lugar: (Buenos Aires) Ver cobertura completa
La noticia en otros webswebs en español en otros idiomas El fallo de este premio, que está dotado con 90.450 euros, ha sido hecho público por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, tras la reunión que ha mantenido el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, quien ha asegurado que Gelman es un Cervantes "muy digno", del que ha destacado su capacidad para jugar con "la musicalidad y el ritmo de las palabras" sin abandonar el compromiso social y político que caracteriza toda su obra literaria.
Gelman, de 77 años, se ha impuesto por mayoría, tras varias votaciones del jurado, entre una treintena de candidatos, entre ellos Gabriel García Márquez, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina y Blanca Varela.
El escritor argentino se ha declarado "emocionado" y ha asegurado que vive "para escribir poesía" y que aún continúa escribiendo porque a su edad, “más que una vocación, es un vicio". "Yo no considero a la poesía como una profesión, la poesía es algo que llega cuando ella quiere y no es que uno la pueda invocar o convocar: nadie se sienta a escribir poemas porque quiere o porque se lo propone", ha confesado Gelman.
Poeta, periodista y traductor, el escritor Juan Gelman ha demostrado a lo largo de su vida ser un maestro de ese "oficio ardiente" que para él es la poesía, un género que ha combinado con su actitud cívica y su constante denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Gelman es el poeta argentino más premiado de su generación, la de los años 60-70, y ha merecido ya galardones como el Nacional de Poesía argentino, el de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
"Ha bebido en el mejor patrimonio de ambos lados del Atlántico"
La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, ha dicho hoy que la concesión del Premio Cervantes 2007 a Juan Gelman "supone el reconocimiento a la obra de uno de los grandes poetas hispanoamericanos del último medio siglo".
Caffarel ha afirmado, a través de un comunicado, que desde las primeras obras a las últimas, el poeta y periodista "ha bebido en el mejor patrimonio de ambos lados del Atlántico: desde Juan de la Cruz a César Vallejo, pasando por la Generación del 27".
El escritor uruguayo Mauricio Rosencof ha considerado hoy que el Premio Cervantes 2007 otorgado en España al poeta argentino Juan Gelman "lo recibirá Juancito pero lo celebramos muchos". Para Rosencof, el argentino "es uno de los grandes poetas no solo de Iberoamérica sino de todo el mundo y, además, es un luchador social y por las causas justas de toda la vida".
El poeta, ensayista y novelista madrileño Luis Antonio de Villena ha considerado que la concesión del Premio Cervantes al poeta argentino Juan Gelman está "muy bien dada" pero que "resulta curiosa esta actual tendencia a premiar a una única línea poética: la de la poesía metafísica frente a una poesía más realista. Es algo que me choca y que me parece mal, puesto que deberían premiarse todos los estilos", ha concluido el escritor.

A propósito del cállate

2007-11-26T14:10:00.000-08:00

España: edicto real
Por José Steinsleger
Dibujo de Roberto Rodríguez
Yo, Juan Carlos I de Borbón, rey de España, de Castilla, de León, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menoria, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, y de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano.
Yo, chozno de Fernando VII (1808/1813-33), injustamente apodado El felón por haber tramado el envenenamiento de sus padres para ceñir sobre su testa contrahecha la corona que en Bayona vendió por un duro al Gran Corso, mientras el pueblo se desangraba en su nombre.
Yo, tataranieto de Isabel II (1833-68), quien junto con Inglaterra y Francia tomó el puerto de Veracruz en garantía del pago por deudas contraídas en las guerras civiles de México (1861), y que luego invadió las islas Chinchas de Perú (1863), y luego se anexionó República Dominicana (1861-65), y luego sometió a cruel bombardeo los puertos de El Callao (Perú) y Valparaíso (Chile, 1865-71).
Yo, Landgrave de Alsacia; príncipe de Suabia; conde de Artois, Borgoña Palatinado, Hainaut, Namur, Gorizia, Ferrete y Kyburgo; marqués de Oristán y Gociano; Margrave del Sacro Imperio Romano y Burgau; señor de Frisia, Salins, Malinas, la Marca Eslovena, Pordenone y Trípoli.
Yo, bisnieto de Alfonso XII, El pacificador (1875-85), hijo de la anterior y de su primo el príncipe Francisco de Asís y no, como se dice, del capitán Enrique Puig Moltó; invasor de Haití junto con Estados Unidos, Francia e Inglaterra (1871 y 1883), quien fue sorprendido en su buena fe en la Plaza de la Cebada cuando unas mozas que lo vitoreaban le espetaron '¡Mas gritábamos cuando echamos a la puta de tu madre!'.
Yo, nieto de Alfonso XIII (1886-1931), hijo póstumo del anterior, que en el día de su boda salvóse de la bomba lanzada a su carroza por el anarquista Mateo Moral (1906); "pacificador" de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Marruecos; pionero del cine pornográfico en el barrio chino de Barcelona; partidario del falangista Primo de Rivera, destronado en 1931 por la chusma de la Segunda República.
Yo, hijo de Juan de Borbón y Battenberg, legítimo y eterno candidato al trono, quien murió de tristeza por mi fidelidad al Caudillo y a los Principios del Movimiento Nacional.
Yo, a quien acusaron de traicionar a los golpistas del 23 de febrero de 1981.
Yo, partidario de la incorporación de España a la OTAN por mediación de Washington y mi fiel vasallo Felipe González (1986)...
Yo, beneficiario de un crédito de 100 millones de dólares del príncipe de Kuwait para que los aviones de Estados Unidos puedieran aterrizar en nuestro suelo durante la guerra del Golfo (1991).
Yo, socio de los implicados en el escándalo del banco Ibercorp (1992), que se quedaron con el dinero de centenares de ahorristas..
Yo, señalado junto a mi dilecto José María Aznar co-responsable en los negociados de la petrolera francesa Elf (2003)...
Yo, quien tanto hizo por el Grupo Santander Hispano y Repsol a fin de apoderarnos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina...
Yo, amigo de Mario Conde, director del intervenido Banesto y 'banquero de la monarquía'...
Yo, íntimo del príncipe Zourab Tchokotua, de Georgia, procesado en un tribunal mallorquí por presuntas estafas inmobiliarias...
Yo, incapaz de enfrentar a un novillo pero matador, en 2004, de una osa preñada perteneciente a una especie en extinción a la que mis amigos rumanos emborracharon con vodka y miel para dar en el blanco.
Yo, reunido en esta Capitanía General junto a mi fiel José Luís Rodríguez Zapatero y tantos de mis vasallos que, sabiamente, retornan poco a poco al redil de la Madre Patria tras sus locas aventuras libertarias. Yo, el rey, os ordeno, Hugo Chávez, a que te calles en nombre de los principios, la moral, la tolerancia y la decencia de las gentes de razón. Dado en Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007

Alto Comisionado Para la Paz descalifica a Harry Sasson

2007-10-31T14:15:00.000-07:00

Alto Comisionado Para la Paz descalifica a Harry Sasson
URL: http://colombia.indymedia.org/news/2007/11/74454.php

La receta de Sasson publicada en la página de Anncol
Bogotá, 31 de octubre de 2007. Agencia Ge. El Alto Comisionado Para la Paz de Colombia, Dr. Luis Carlos Restrepo, se fue hoy lanza en ristre contra Harry Sasson, famoso chef colombiano y propietario de varios restaurantes de gran popularidad en la capital colombiana. El motivo de la ira del comisionado fue el descubrimiento de que ANNCOL, página web utilizada normalmente por las FARC, incluyó esta semana la receta "Gallina con papas chorreadas", creada por el chef Sasson. En tono airado, el Comisionado Para la Paz increpó al chef, acusándolo de colaborar con la alimentación de la guerrilla. Cuando el chef respondió públicamente que él no era responsable de lo que publicaban las FARC en su página web, el Comisionado le reclamó que no hubiera desautorizado "inmediatamente" a las FARC por la inclusión de la receta en la citada página. Visiblemente preocupado, el chef Sasson expidió hoy un comunicado en el que desautorizaba a las FARC por la publicación de su receta. "Les prohíbo expresamente que preparen mi receta de gallina con papas chorreadas", dice el comunicado en uno de sus apartes. En otro solicita a las autoridades su ayuda para que destruyan todos los platos de gallina con papas chorreadas que encuentren en los campamentos de las FARC. A pesar de todo, esa medida no aplacó los ánimos del Dr. Restrepo. Sin abandonar su tono combativo, el Alto Comisionado señaló que Harry Sasson debería pensar en cambiar su receta, dado que esta está siendo utilizada por la guerrilla. "Es obvio, dijo el Comisionado, que la receta les gusta a los terroristas, desde que la publican en su página web. Y si es así, es necesario que el señor Sasson la cambie, porque nadie puede permitir que sus recetas sirvan para alimentar a los terroristas que matan a los soldados de la patria". Todavía no se conoce la respuesta del chef Sasson, pero allegados suyos afirman que está pensando en cambiar las papas chorreadas por berenjenas en salsa de yerbabuena.